En la reducción aborigen Napalpí, en el entonces territorio nacional del Chaco, se produjo una de las más sangrientas masacres de pueblos originarios en Argentina en el siglo XX.
Ocurrió un 19 de julio de 1924 bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y el gobernador chaqueño era el también radical Fernando Centeno y él mismo estanciero algodonero. Esta matanza fue cometida por policías nacionales con participación de estancieros y otros civiles y fueron asesinadas entre quinientas y mil personas de las etnias Qom y Mocoví-Moqoit.
Los territorios de Formosa y Chaco eran zonas de alta producción de algodón y ya a fines del siglo XIX, el Ejército argentino inició una campaña de apoderamiento de esas tierras habitadas ancestralmente por numerosas etnias. Estos ataques produjeron la muerte de millares de indígenas y la descomposición social de las comunidades originarias que fueron sometidas a trabajar en condiciones de semi esclavitud y sus tierras expropiadas para beneficio de los nuevos terratenientes.
Como agravante, también esos territorios fueron vendidos a colonos europeos, italianos y franceses, en particular, que se dedicaron a la producción de algodón. Comenzaron a instalarse reducciones en donde eran confinados los indígenas despojados de sus tierras mientras eran explotados laboralmente. Una de esas reducciones era Napalpí, que en qom significa "lugar de los muertos". Su nombre actual es Colonia Aborigen Chaco.
En julio de 1924, esas comunidades de Napalpí decidieron declararse en huelga denunciando la explotación y el sometimiento de quienes los habían despojado y planeaban marchar también hacia los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. Policías y civiles fuertemente armado entraron al campamento indígena y abrieron fuego contra hombres, mujeres y niños. Los nativos solo tenían palos para defenderse.
En 2004, la Asociación Comunitaria La Matanza, lugar de la masacre, demandó civilmente al Estado Nacional reclamando indemnización por daños y perjuicios. En 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia en sentencia definitiva declaró que se trató de un crimen de lesa humanidad.
En 2022, a iniciativa de la fiscalía federal de Resistencia, se inició un juicio por la verdad. Anteriormente, en 2008 el gobierno de Chaco había pedido perdón por la matanza cometida y lo propio hizo el Estado nacional en 2022.
Por Adriana Gil
